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La obesidad ha alcanzado proporciones pandémicas en el siglo XXI. La Organización Mundial de la Salud (OMS) acuñó el término “globesidad” para describir su imparable crecimiento a nivel mundial. Según el Atlas Mundial de la Obesidad 2025, se estima que entre 2010 y 2030 la prevalencia global aumentará más de un 115%, reflejando una crisis sanitaria sin precedentes. Lo más preocupante es la creciente afectación en niños y adolescentes, lo que convierte la obesidad no solo en un problema médico, sino también en una emergencia social de escala mundial. En este contexto, Italia ha dado un paso histórico al convertirse en el primer país del mundo en reconocer legalmente la obesidad como una enfermedad crónica, progresiva y recurrente. Este reconocimiento marca un cambio profundo en la forma de entender la obesidad: deja de considerarse un simple resultado del estilo de vida o de fallas personales, para asumirse como una patología multifactorial que exige prevención, diagnóstico y tratamiento estructurados. Las consecuencias de la obesidad sobre la salud son amplias y graves. Aumenta significativamente el riesgo de enfermedades cardiovasculares, y se asocia con al menos 13 tipos de cáncer, lo que ha llevado a algunos expertos a introducir el término “adiponcosis” para destacar su relación con la carcinogénesis. De hecho, las muertes por cáncer vinculadas a la obesidad se han triplicado entre 1999 y 2020, evidenciando su creciente impacto sanitario y social.

Una ley pionera con enfoque integral

La nueva legislación italiana establece un programa nacional de prevención de la obesidad, orientado a aumentar la conciencia sobre los riesgos para la salud, promover hábitos alimentarios equilibrados y fomentar la actividad física regular. Este programa incluye, entre otros componentes:

• Promoción de la lactancia materna, conforme a las recomendaciones de la OMS.

• Educación y empoderamiento parental para mejorar las decisiones nutricionales en el hogar.

• Inclusión social de las personas con obesidad, combatiendo el estigma y la discriminación.

• Campañas educativas nacionales dirigidas a distintos grupos etarios.

Las escuelas ocuparán un papel central, incorporando programas obligatorios de educación nutricional y ejercicio físico tanto en los currículos como en las actividades extracurriculares. Además, la ley contempla la formación específica de profesionales sanitarios para reconocer y tratar la obesidad como una enfermedad crónica. Se creará también un observatorio nacional para el seguimiento de las tendencias, la detección temprana y la coordinación de estrategias de intervención. Uno de los pilares más importantes de esta ley es la equidad en el acceso a la atención médica, garantizando que los servicios de tratamiento de la obesidad se integren en los Niveles Esenciales de Atención (LEA), de modo que las condiciones socioeconómicas no limiten el acceso a la atención sanitaria.

Combatir el estigma y las desigualdades

La obesidad con frecuencia conlleva estigmatización, acoso y discriminación desde edades tempranas, extendiéndose al entorno escolar, laboral y sanitario. Este nuevo marco legal busca proteger los derechos y el bienestar psicológico de las personas con obesidad, impulsando su inclusión plena en la sociedad. Sin embargo, su éxito dependerá de la cooperación estrecha entre autoridades, profesionales de la salud, educadores y comunidades.

Un desafío económico y global

El impacto económico de la obesidad es enorme. Los costos derivados de la atención médica y la pérdida de productividad representan una pesada carga para los sistemas sanitarios y las economías nacionales. De acuerdo con el Atlas Mundial de la Obesidad, si no se implementan medidas más efectivas de prevención y tratamiento, el costo global podría ascender a 4,32 billones de dólares anuales para 2035, lo que subraya la urgencia de una acción coordinada a nivel mundial.

Próximos pasos: políticas alimentarias y urbanas

Aunque esta ley constituye un hito, se requieren acciones complementarias para maximizar su impacto. La falta de información clara en el etiquetado de alimentos y en los menús de restaurantes contribuye a la desinformación de los consumidores. La implementación de etiquetados nutricionales estandarizados, la divulgación obligatoria de información nutricional en locales de comida y la aplicación de impuestos a alimentos ultraprocesados o de alta densidad calórica podrían reducir su consumo y contrarrestar la publicidad engañosa.

Asimismo, la regulación de la oferta alimentaria en las escuelas, la limitación del acceso a comida chatarra y la promoción de opciones saludables son medidas clave para moldear hábitos desde la infancia. Los gobiernos también pueden contribuir al cambio fomentando entornos urbanos saludables, mediante la regulación de la densidad de locales de comida rápida, la expansión de espacios verdes y la inversión en infraestructura recreativa.

Un modelo global de referencia

Italia ofrece ahora un modelo pionero para enfrentar la epidemia mundial de obesidad. Su enfoque combina la prevención, el tratamiento equitativo y la protección social, estableciendo un precedente que otros países pueden seguir. En definitiva, abordar la obesidad requiere políticas integrales y sostenidas: desde impuestos a la comida chatarra y etiquetado transparente, hasta la promoción activa de la actividad física y el fortalecimiento de los sistemas de salud. Solo mediante una respuesta global, coherente y basada en la evidencia, será posible revertir el avance de esta crisis que afecta simultáneamente a la salud, la economía y la equidad social en todo el mundo.

Referencia:  Bifulco M, Pagano C,   Zazzo D, et al. Obesity legally recognised as a chronic disease in Italy. Lancet Diabetes Endocrinol. Online first October 22, 2025.