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A diez años de la implementación de la Ley de Etiquetado de Alimentos, la experiencia chilena muestra que esta política logró modificar tanto las decisiones de los consumidores como la oferta de productos de la industria alimentaria. Su principal aporte fue cuestionar la idea de que la alimentación saludable depende exclusivamente de la voluntad individual. La evidencia acumulada durante la última década indica que las personas eligen qué comer dentro de entornos que pueden facilitar o dificultar determinadas decisiones, especialmente cuando los alimentos ultraprocesados son más baratos, accesibles, visibles y promocionados que las opciones saludables.

La ley, implementada en 2016, convirtió a Chile en el primer país en incorporar sellos negros de advertencia en alimentos envasados con alto contenido de calorías, azúcares, sodio o grasas saturadas. Además, restringió la publicidad de estos productos dirigida a menores de edad, eliminó personajes infantiles y otras estrategias de marketing, y limitó su venta y promoción en colegios y jardines infantiles. Su objetivo no fue prohibir alimentos, sino transformar el entorno alimentario para que las opciones más saludables fueran más fáciles de identificar y elegir.

Los resultados respaldan en gran medida esta estrategia. Más del 90% de los consumidores comprende el significado de los sellos y aproximadamente un 35% declara utilizarlos al momento de comprar, especialmente cuando se enfrenta a productos nuevos o desconoce su calidad nutricional. Paralelamente, la industria reformuló miles de alimentos para reducir los nutrientes regulados. La proporción de los productos más vendidos clasificados como “altos en” algún nutriente crítico disminuyó de 70,8% antes de la ley a 52,5% después de su implementación completa, con reducciones especialmente importantes en cereales de desayuno, mermeladas y productos untables. También se observaron cambios en el consumo. Las compras de productos regulados disminuyeron entre un 16% para las calorías y un 37% para el sodio. En niños y niñas se registraron reducciones en el consumo de alimentos con sellos, que oscilaron entre un 10% para las calorías y un 21% para los azúcares. Estos cambios comienzan a reflejarse en indicadores de salud: un estudio realizado en más de 300.000 escolares encontró que la exposición a la primera fase de la ley redujo modestamente la probabilidad de exceso de peso al ingreso escolar, con un efecto mayor entre quienes estuvieron expuestos desde prekínder.

Sin embargo, el balance no está exento de críticas. Parte de la reformulación de los productos se consiguió sustituyendo azúcar por edulcorantes no calóricos, cuyo uso aumentó después de la aplicación de la normativa. Esto genera interrogantes sobre sus posibles efectos, especialmente durante el embarazo y la primera infancia. Asimismo, algunos análisis sugieren que los beneficios de la ley no se distribuyeron de manera uniforme y que los grupos socioeconómicamente más vulnerables podrían haberse beneficiado menos. A ello se suma que las cifras de obesidad en Chile continúan siendo elevadas, lo que demuestra que una sola política no puede revertir por sí misma una epidemia de origen complejo. El artículo sostiene que los desafíos actuales son distintos a los de 2016. Buena parte de la publicidad de alimentos ha migrado hacia plataformas digitales, redes sociales e influenciadores, donde la fiscalización es más difícil y la regulación sigue siendo insuficiente. Además, el elevado costo de una alimentación saludable y las desigualdades en la disponibilidad de alimentos condicionan las decisiones de las familias. Por ello, las políticas informativas, aunque continúan siendo necesarias, deben complementarse con incentivos económicos, medidas fiscales, regulación del marketing digital y políticas que faciliten el acceso físico y económico a alimentos saludables.

Finalmente, se plantea que la siguiente etapa ya no puede depender únicamente del sector salud. Será necesario involucrar a las políticas económicas, agrícolas, educativas y de protección social, porque todas influyen en la manera en que los alimentos se producen, distribuyen y consumen. También se requiere incorporar una perspectiva de género, considerando que las tareas de compra, preparación y cuidado de la alimentación siguen recayendo desproporcionadamente en las mujeres. En conclusión, la evidencia indica que la Ley de Etiquetado funcionó y produjo cambios relevantes, aunque insuficientes para resolver por sí sola la obesidad y las desigualdades alimentarias. El desafío para Chile es avanzar hacia una segunda generación de políticas públicas más integrales, equitativas y sostenibles, orientadas a transformar el sistema alimentario en su conjunto.

Fuente: SOCHOB

Referencia: Diez años después: la Ley de Etiquetado no cambió a las personas, cambió lo que les ofrecíamos